Rechazaron la aprobación del proyecto de ley que permite contratos para rescatar naufragios

El mundo de la arqueología colombiana está revolcado por cuenta de la decisión que tomó el pasado lunes la Cámara de Representantes de aprobar en plenaria el proyecto de Ley 125 para regular el rescate de naufragios y patrimonio sumergido. (Lea: Aprueban polémico proyecto de ley de patrimonio sumergido).

"Sentimos vergüenza y decepción de la Ministra de Cultura y el subdirector científico del Icanh, antropólogo Ernesto Montenegro, que actuaron como mandaderos", expresó José Luis Socarrás, coordinador del programa de Arqueología de la Universidad Externado, sobre el avance de este proyecto que, de acuerdo con sus críticas, entregaría el patrimonio arqueológico a empresas multinacionales buscadoras de tesoros.

En la Cámara, la decisión fue de 78 votos a favor de la iniciativa y 11 en contra (el representante Carlos Amaya y la bancada del Polo). Ciro Rodríguez, del Partido Conservador, así como la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño fueron dos de sus más férreos defensores.

"Una vez más, el Congreso muestra que no conoce de antemano lo que discute. A pesar del ruido internacional sobre el tema, el proyecto fue aprobado a pupitrazo", agregó el académico y denunció que el Gobierno movió toda su maquinaria para convencer a congresistas que "estaban dudosos de aprobar la iniciativa".

En el mismo sentido se pronunció la Fundación Terra Firme que también se opone al proyecto: "Ya lo esperábamos, pero no hubo ningún debate y demuestra que hay unos intereses muy fuertes".

El proyecto permite pagarles a los exploradores y rescatistas de naufragios hasta con el 50 por ciento de lo que encuentren y no se considere patrimonio arqueológico, como monedas de oro y plata, lingotes o piedras preciosas.

Lo que viene

Socarrás, uno de los que ha liderado la oposición al proyecto, indicó que arreciarán las protestas desde este momento y hasta marzo de 2013 cuando se discuta en el Senado. Y si allí también se aprueba - advirtió- lo demandarán por inconstitucional.

El proyecto de Ley ha causado polémica desde cuando la Ministra de Cultura Mariana Garcés lo radicó en el Congreso, como uno de sus proyectos estrella.

Para ella, el objetivo es aprovechar las riquezas que hay sumergidas desde hace mucho tiempo y pagarles a los rescatistas con las piezas que estén repetidas; pero los arqueólogos, en una oposición que trascendió a otros países, han explicado que esto implicaría feriar el patrimonio cultural y que va en contra de la Constitución que indica que el patrimonio arqueológico es inembargable.

Este lunes, también, el diario Abc de Madrid publicó que el embajador de España en Colombia, Nicolás Martín Cinto, se reunió con la Ministra de Cultura para advertirle los riesgos de ese proyecto de Ley.

Por su parte, Daniel De Narváez, representante de varias de las exploradoras marinas dijo que "es un logro muy importante que Colombia tengan un nuevo mecanismo para evitar la desaparición de cientos de naufragios, como ha venido ocurriendo".

Y Danilo Devis, representante de la firma Sea Search Armada (SSA), entidad que demandó al Estado colombiano por el caso del Galeón San José, también se pronunció sobre el proyecto de Ley: "Ese proyecto está hecho para garantizar un raponazo a la SSA y fue redactado por tres de los miembros de la Comisión de Antigüedades Náufragas que tienen interés en rescatar el San José", aseguró.

Fuente: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12442908.html

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